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El proceso de radicación de medidas para eliminar la colegiación compulsoria, liderado por los representantes José Aponte y Liza Fernández, ha provocado sorpresa y preocupación en el liderazgo y afiliados de los colegios profesionales y técnicos.

Todos hubiésemos esperado de nuestros legisladores un proceso ordenado e informado, si fuera el caso que éstos hubieran recibido quejas de algunos colegiados, solicitándonos algún informe sobre el funcionamiento administrativo de nuestros colegios antes de radicar estos proyectos de ley. Reconocemos que los legisladores tienen la autoridad para fiscalizar y pedir cuentas a los colegios, ya que somos criaturas creadas por ley. De seguro que ningún colegio se hubiera negado a responder, con evidencia, los alegados cuestionamientos que éstos dicen haber recibido. Pero lo que no es correcto es crear caos e incertidumbre en nuestras organizaciones, por alegaciones, que no conocemos y que dictan mucho de haberse manejado a base de lo que debe ser el proceso legislativo.

La experiencia para la mayor parte de los colegios es que hasta el momento ha existido una comunicación continua con la Asamblea Legislativa, en muchas ocasiones por petición de éstos para reaccionar y analizar proyectos de ley, para participar en vistas públicas en las diversas áreas de competencia de dichos colegios y para colaborar en comités especiales creados por éstos o el Ejecutivo sobre áreas especializadas.

Diferimos también de las alegaciones planteadas por dichos legisladores de que los colegios son clubes sociales. Estas expresiones denotan un absoluto desconocimiento de la organización y funcionamiento de los colegios profesionales y técnicos, muchos de ellos con más de 70 años de existencia y con un desarrollo positivo para el colegiado, la comunidad y el País.

Los colegios están organizados y compuestos por una junta directiva y a su vez capítulos o distritos representativos elegidos por un sistema de votación democrático.

También cuentan con comisiones de trabajo relacionadas a temas de relevancia para la profesión y la comunidad, entre otros servicios.

Los colegios profesionales también velan por el cumplimiento de los cánones de ética profesional que rigen el comportamiento de sus colegiados y además procuran el bienestar y progreso de éstos.

Estas organizaciones les ofrecen diversos beneficios a sus colegiados, pero, sobre todo, los mantienen recibiendo educación continua para el mejoramiento profesional que redunda también en beneficio de los clientes, los ciudadanos y la sociedad.

La colegiación es un arma poderosa diseñada en beneficio de la comunidad para evitar la competencia desleal y el fraude al consumidor. Está probado que la organización de personas unidas por un mismo propósito y bien común le imparte una gran fuerza para lograr sus metas y mejoramiento de sus clases con participación en los procesos gubernamentales y profesionales.

Es sabido que en todas las organizaciones, de carácter compulsorio o no, existen grupos que no están totalmente de acuerdo con las decisiones que se toman, pero el beneficio de la apropiada reglamentación de los servicios profesionales, la implantación uniforme de estándares y la fortaleza y competencia de nuestros profesionales sólo se puede lograr con la colegiación compulsoria. Sólo así se logra un nosotros en el cuerpo profesional y se evita el individualismo cuyo centro es el bien individual y no el colectivo. Realmente la colegiación compulsoria es la garantía de credibilidad para los ciudadanos hacia sus profesionales.

Durante todos estos años de existencia de los colegios ha redundado en un alivio a la carga administrativa del Estado con objeto de garantizar la calidad de los servicios que brindan los profesionales del país a la población en general, sin que le cueste nada al gobierno de Puerto Rico.

Es por eso que ante el proceso vertiginoso que parece llevar la aprobación de estas medidas nos preocupa cómo se cubrirá las responsabilidades que hasta ahora han logrado asumir los colegios, por la fortaleza de la colegiación compulsoria, si no existe otro organismo con capacidad real para fiscalizar y garantizar los servicios antes señalados.