Con menos de un millar de arquitectos congregados mayormente en las áreas metropolitanas de la Isla, las medidas de ley presentadas por el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas (CAAPPR) ante la Legislatura, pretenden controlar el diseño y la construcción de miles de estructuras, lo que constituye un peligro a la vida, salud y seguridad del puertorriqueño común y él encarecimiento desmedido de la construcción en Puerto Rico.
Con esa aseveración el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR), manifestó su oposición a las medidas de ley anunciadas ayer por los arquitectos, las que catalogaron como clasistas y “para beneficio de sus disciplinas”, según trasciende de un comunicado enviado por los propios arquitectos a su matrícula, el pasado 18 de febrero.
En una conferencia de prensa citada en su Sede de Hato Rey, el presidente del CIAPR, Ing. Miguel A. Torres Díaz, acusó a su homologo del CAAPPR de “alarmista” y dijo que es una pena que los arquitectos estén usando la tragedia de Haití y Chile como punta de lanza para proyectos de ley sin sentido, a los fines de atacar a la ingeniería. Recordó que fue el CIAPR el que precisamente envió a sus profesionales a la vecina República luego del terremoto y siempre ha atendido el tema de los sismos dentro de su seno. “Por décadas, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico históricamente ha enviado ingenieros a otros países que han sufrido sismos, para recopilar información y cuya Comisión de Terremotos las ha estado utilizando para hacer las recomendaciones necesarias para la actualización de los códigos por los últimos cuarenta (40) años.”
La ética y la educación continuada le dan las herramientas al profesional de la ingeniería para poder ampliar su conocimiento y responsablemente incursionar en aquellas áreas donde su experiencia y educación, aunque sea post graduada, le permita practicar la profesión que ha estudiado. Mientras el gobierno no puede regular la estética y los valores artísticos de un proyecto ya que eso es prerrogativa y gusto del dueño de la obra, el Estado si regula las cosas que impactan los elementos que afectan la vida, la salud y seguridad en las obras de construcción. El Colegio de Ingenieros y Agrimensores, tiene por creación de Ley un Tribunal Disciplinario y Ética Profesional con jerarquía de Tribunal de Primera Instancia y no ha recibido en su historia ningún caso donde se haya registrado una querella de las que se refieren los arquitectos.
Nos resulta irónico como un puñado de profesionales que van más a la preparación del entorno, fachadas y la parte artística conceptual de una construcción, atenten contra la credibilidad de un profesional que básicamente recibe la misma educación en sus primeros años de estudios y que consulta y responsabiliza a otros profesionales sub especializados, apostando su firma y respaldándolo con su licencia en cada plano.
Dado el impacto que tendría esto a las profesiones colegiadas, el ingeniero Torres Díaz invitó a sus colegiados a participar en los foros regionales que se están llevando a cabo y que aparecen anunciados en nuestra página www.ciapr.org en la sección de Defensa de la Profesión.
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